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A las 20:30 de la tarde del viernes 16 de agosto de 1968, una violenta explosión sacudió Ibi. El estallido rompió cristales, levantó persianas metálicas y dejó a oscuras buena parte del casco urbano. En pocos minutos, los vecinos identificaban el origen: había explotado la conocida como “fábrica de la pólvora”, en la partida rural de La Pileta.
El escenario que encontraron los primeros en llegar fue devastador: fuego, escombros calcinados y restos humanos esparcidos en un radio de 200 metros. Durante horas, los cadáveres fueron llegando a la iglesia, que hizo de tanatorio improvisado, mientras los heridos eran trasladados al Hospital Oliver de Alcoi.
El resultado final fue trágico: 33 muertos y 16 heridos, la práctica totalidad de los trabajadores de Mirafé, una empresa que elaboraba fulminantes para pistolitas de juguete. Muchos llevaban apenas días trabajando allí.
La empresa Mirafé se había creado de forma informal en 1960. En 1963 obtuvo una licencia provisional que caducó al año siguiente, pero siguió operando sin renovar permisos. En 1968, estaba construyendo una nueva nave sin autorización.
La producción se realizaba en una antigua masía y varias casetas precarias, sin agua corriente ni electricidad. Las condiciones laborales eran alarmantes: jornadas de hasta 12 horas, sin contratos, sin medidas de seguridad y con una plantilla que incluía a niños menores de 14 años y mujeres embarazadas.
En el momento del accidente, 60 personas trabajaban allí. Solo ocho estaban aseguradas. El resto eran mujeres (31), hombres (20) y menores (9). Treinta murieron en el acto. Tres más fallecieron en los días siguientes.
Las víctimas eran, en su mayoría, emigrantes llegados desde pequeños municipios de Granada, Ciudad Real y Almería. Algunos no habían llegado a cobrar su primer salario.
El entierro fue multitudinario y lleno de dolor. Las autoridades locales y provinciales acudieron, pero la indignación crecía entre los vecinos. Se cuestionó por qué una fábrica sin licencia había podido operar durante años sin control.
En medio del duelo, la polémica surgió cuando algunas voces pidieron que se celebraran con normalidad las Fiestas de Moros y Cristianos previstas dos semanas después. Fue el párroco local, D. Federico García Moreno, quien puso freno a la idea: anunció que si se mantenían las fiestas, la imagen de la patrona, la Virgen de los Desamparados, no saldría en procesión. Su intervención forzó la cancelación y evidenció una fractura emocional en el municipio.
La investigación judicial fue breve. En enero de 1970, el sumario se cerró sin identificar responsables penales ni fijar sanciones. Las indemnizaciones llegaron rápido: algo más de 1,8 millones de pesetas en total. Pero ningún cargo fue imputado.
Durante años, el tema se convirtió en tabú. No hubo homenajes ni actos oficiales. Las víctimas quedaron en el recuerdo familiar y colectivo, pero fuera del discurso público.
Tuvieron que pasar casi cinco décadas para que Ibi rindiera homenaje a las víctimas. En el mes de mayo de 2017, se inauguró un monumento en su memoria, con una ceremonia cívico-religiosa en la que se leyeron los nombres de los 33 fallecidos. Por expreso deseo de los familiares, también se añadió el nombre del párroco Federico García Moreno, como símbolo de dignidad y solidaridad.
🔺 La tragedia de Mirafé sigue siendo una de las mayores catástrofes laborales de la historia de España. A 57 años de aquel 16 de agosto, Ibi recuerda a quienes murieron trabajando, muchos de ellos sin contrato, sin seguro y sin haber cobrado su primer sueldo.
Escrito por Redacción
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