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La Generalitat ha ofrecido una respuesta detallada a las declaraciones realizadas esta mañana por el Ayuntamiento de Ibi, que en su rueda de prensa volvió a acusar a la administración autonómica de haber provocado la paralización de las obras del geriátrico comarcal debido a supuestos impagos. La Conselleria de Bienestar Social ha desmentido esta versión y ha reivindicado que “la gestión se ha ajustado estrictamente a la ley y a los procedimientos que rigen los convenios de delegación de competencias”.

Según fuentes de la conselleria, el Ayuntamiento seguía teniendo pendiente la rendición de sus cuentas de 2023 ante la Sindicatura, lo que impide legalmente a la Generalitat efectuar pagos a terceros en obras gestionadas mediante delegación. “No se trata de una decisión discrecional, sino de una obligación jurídica que está recogida en la normativa”, han recordado.
El departamento autonómico añade que esta circunstancia ya se había trasladado al consistorio en “varias comunicaciones formales”, en las que se advertía de que, mientras no se regularizara la situación, las certificaciones no podrían abonarse.

La Generalitat también ha respondido a las palabras del alcalde, Sergio Carrasco, quien afirmó que el argumento autonómico “no se sostiene” porque la primera certificación sí se pagó pese a que entonces faltaban por rendir dos ejercicios. Desde la conselleria, sin embargo, se afirma que aquella autorización respondió a un procedimiento excepcional en un contexto de transición administrativa, y que posteriormente se aplicó la normativa con rigurosidad tras detectarse que el Ayuntamiento seguía sin cumplir con sus obligaciones contables.
“Entendemos que el Ayuntamiento quiera ofrecer explicaciones públicas”, señalan fuentes autonómicas, “pero es importante que la ciudadanía disponga de información completa y ajustada a los procedimientos legales”.
Otro de los puntos destacados por la Generalitat es que, más allá de los pagos, el proyecto estaba experimentando tensiones internas entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. La conselleria ha recordado que la constructora presentó modificaciones al alza que incrementaban significativamente el coste de la obra y que los técnicos municipales rechazaron, lo que generó un clima de desacuerdo que acabó desembocando en la petición de rescisión del contrato por parte de la empresa en septiembre de 2025.
“La falta de consenso entre Ayuntamiento y adjudicataria fue determinante en el desenlace del contrato”, han explicado.
A pesar del cruce de acusaciones, la Generalitat ha asegurado que mantiene su compromiso con la construcción del geriátrico, financiado con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Una vez el Ayuntamiento regularizó la rendición de cuentas, la administración autonómica reanudó los pagos correspondientes a las fases ejecutadas.
“Seguiremos avanzando en el proyecto con plena transparencia y cumpliendo la normativa”, han concluido desde Bienestar Social, dejando entrever que esperan una colaboración “más fluida” por parte del Ayuntamiento para evitar nuevos retrasos.
Escrito por Redacción
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