El juzgado toma declaración al investigado por el incendio que afectó a la Font Roja en Ibi en 2025

El procedimiento judicial abierto por el incendio forestal que arrasó cerca de 188 hectáreas en la Font Roja durante el verano pasado sigue avanzando. El único investigado en la causa ya ha prestado declaración ante el órgano judicial encargado de esclarecer las circunstancias que rodearon el origen del fuego.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juzgado mantiene abiertas diversas diligencias para determinar las posibles responsabilidades derivadas del siniestro. Aunque el investigado ya ha comparecido ante la autoridad judicial, no se han dado a conocer detalles sobre el contenido de su declaración.

La causa se centra en la posible comisión de un delito de incendio forestal relacionado con el fuego declarado el 18 de julio de 2025. Las llamas afectaron a 187,5 hectáreas de terreno, principalmente en el término municipal de Ibi, aunque también alcanzaron una pequeña superficie en Alcoy.

El incendio tuvo un fuerte impacto ambiental al afectar a espacios protegidos de gran valor ecológico. Entre ellos se encuentran amplias zonas del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja, además del Paraje Natural Municipal Sant Pasqual-Torretes, donde se situó el foco inicial. También resultaron dañadas áreas catalogadas como microrreservas de flora y terrenos forestales gestionados por la Generalitat Valenciana.

Pese a la magnitud del desastre, los técnicos observan señales positivas de regeneración natural en algunas zonas de carrasca. Un año después del incendio, numerosos ejemplares muestran brotes que permiten albergar expectativas favorables de recuperación a medio y largo plazo, aunque el paisaje sigue evidenciando las consecuencias de las llamas.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil concluyó que el origen del fuego estaría relacionado con el vertido de cenizas que todavía conservaban temperatura suficiente para iniciar una combustión. Los agentes localizaron inicialmente el foco en una finca rural vinculada a una comunidad religiosa de Ibi, donde detectaron restos de quemas y acumulación de residuos vegetales sin las medidas de seguridad adecuadas.

Posteriormente, una segunda inspección permitió determinar que las cenizas depositadas días antes entraron en contacto con vegetación seca, desencadenando el incendio. Como consecuencia de estas averiguaciones, fue investigado un miembro de la comunidad religiosa por un presunto delito de incendio forestal cometido por imprudencia.

La Guardia Civil recuerda que la legislación penal prevé penas de prisión y sanciones económicas significativas para quienes provoquen incendios forestales por negligencia grave, especialmente cuando afectan a espacios naturales protegidos o generan riesgos para personas y bienes.